La noche del pasado lunes se sucitó un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, suceso que provocó la muerte de 40 personas y la hospitalización de 27 más. Son hechos lamentables los que hoy dejan ver las preocupaciones que existen en torno a la migración, la seguridad y los derechos humanos, motivando nuestro enfoque en torno a la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas cobra especial importancia en instancias encargadas de hacer cumplir la ley, como el INM, pues sus agentes pueden cometer abusos de distinta índole, ya sea por su función como ejecutores de políticas restrictivas de Estado, o por factores como la mala administración, la incapacidad, la corrupción o lo que es peor, sus propios prejuicios.
Las preocupaciones generadas por estos factores aumentan cuando un agente del Estado goza del poder para detener y someter, poniendo en riesgo la integridad física, mental y emocional de las personas.
Aunque el marco jurídico-administrativo del INM ofrece algunas pautas de conducta, en el acto estas guías dejan a los agentes con poco más que su experiencia y su sentido común.
Además, la jerarquía operativa no está presente en el momento en que los agentes toman decisiones o actúan, por lo que deben registrar estas acciones, pero la manera y la frecuencia en la que lo hacen varían de lugar a lugar. Asimismo, el rastreo de sus intervenciones se dificulta cuando los agentes no reportan acciones que deben reportarse o cuando simplemente se desisten de actuar tal cómo lo hicieron en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Debido a la poca visibilidad y escrutinio externo que rodea gran parte de la labor de los servidores públicos del INM, se presenta el reto de examinar, supervisar e inclusive burocratizar la discrecionalidad existente para que el personal del Instituto haga lo que debe hacer y no lo que está haciendo.
La operación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas se vuelven necesarios para que tanto el INM como los migrantes y la ciudadanía en general tengamos la certeza de que los agentes no abusan del poder discrecional que ostentan. Es imperativo detectar cómo y dónde se manifiesta la mala conducta para luego enfocarse, al menos, en los escenarios más graves o comunes.
El Instituto Nacional de Migración es un actor clave en la gestión de la migración y lamentablemente es caracterizado por su hermetismo y su opacidad institucional.
La opacidad contradice su obligación legal de transparentar e informar acerca de su desempeño, al mismo tiempo que obstaculiza la construcción de mecanismos que favorezcan la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Los límites a su desempeño discrecional son generalmente desconocidos por la ciudadanía, por las personas migrantes y probablemente por una buena parte de los cuerpos de seguridad que llegan a actuar fuera del marco de sus atribuciones.
En la actualidad, el INM tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como la coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal que tienen atribuciones en el tema. Para lograr este objetivo el Presidente de la República nombra como titular del INM a un Comisionado, mismo que lidera las 346 delegaciones y subdelegaciones (ambas federales y locales); En aras de cumplir con los objetivos, la regulación migratoria otorga a las Delegaciones Federales gran autonomía para su regulación interna, lo cual ha ocasionado que la gestión en cada Delegación varíe según el estilo del titular, y que el sector central tenga poca injerencia sobre las acciones de los Delegados y es ahí donde nos encontramos con otros datos, datos imprecisos que lo único que generan es la reafirmación de que el INM está totalmente desbordado y su actuar es ineficiente.
Las decisiones y acciones de políticos y funcionarios deben abrirse a examen público y estar sujetas a mecanismos de sanción; en este sentido, la rendición de cuentas debe ser una relación de diálogo entre quienes preguntan y exigen explicaciones y quienes están obligados a responder a éstas.
